Criminales confesos

Hablar hoy de Venezuela es hacerlo sobre una de las más calamitosas tragedias que se viven en Iberoamérica. La nación más rica del continente vive sumida en un caos inalterable donde lo único seguro es que el día siguiente saldrá el sol, todo lo demás, desde las tareas cotidianas a cualquier empresa o ilusión que alguno de sus ciudadanos pueda soñar es, simplemente, una especulación a la que pocos se atreven.

Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), más del 60% de la población vive en la pobreza y de éstos, más de la mitad roza la miseria. Además, en un reciente informe del mes de mayo, la Secretaría General de este organismo, apoyada por un nutrido grupo de observadores internacionales, documentó más de mil casos de violación de los derechos humanos y políticos por parte de los cuerpos de seguridad del régimen. Este informe, rechazado por las autoridades venezolanas, comprueba además cómo se ha dotado con armamento de grueso calibre a la Policía y Guardia Nacional para la represión de manifestaciones, violando la propia constitución bolivariana, en su artículo 68, que deja en manos del Ejército este tipo de usos.

Pero esta historia no es solo un cruce de datos y constataciones de graves ataques contra la población, es también un documento con nombres propios, de aquellas personas que en su día a día luchan con su poco margen de maniobra por librarse de un círculo vicioso que parece no tener final, porque la comunidad internacional, inexplicablemente, parece no ponerse de acuerdo en como desalojar del poder a quiénes están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Samuel tiene 19 años y hace unos meses dejó su empleo de ayudante en la banca porque cobraba el salario mínimo, unos 4 dólares. Ahora trabaja en una agencia de publicidad por un par de dólares más. Con este dinero paga el alquiler del apartamento de 20 metros cuadrados en el que vive en un barrio del sur de Caracas y debe alimentarse a duras penas. Los productos a los que puede acceder son los de la canasta básica y casi siempre  fuera de los supermercados con precios regulados, porque cuando le llega su turno en la cola de varias horas, simplemente no queda nada que comprar. La cola empieza a las 6 de la mañana, es de cientos de personas y a las 8 se avisa a los que quedan que pueden marcharse, se acabaron las existencias. Así pues debe remitirse a establecimientos no regulados en los que el precio de cualquier artículo es hasta 5 veces mayor. Recientemente se le han diagnosticado piedras en el riñón, una dolencia de la que no podrá tratarse porque la sanidad pública venezolana no tiene recursos para atender a nadie que padezca más allá de un resfriado. Para curarse, debería salir del país vía Colombia, pero no puede hacerlo porque carece de pasaporte, y para conseguir este documento debería pagar el soborno de casi 50 dólares que los funcionarios le exigen para expedírselo. El precio de este soborno depende del lugar del país donde preguntes y del funcionario que te toque ese día, desde esos 50 dólares hasta los más de 200 que podemos encontrar en la ciudad de Maracaibo o Isla Margarita, mejor conectadas con el extranjero. Pese a lo titánico de la empresa, es su único camino.

Igual piensa Jesús, que tiene 25 años y es odontólogo en dos clínicas de la capital, trabaja a comisión y cobra según el volumen de pacientes. Él tiene mayor suerte porque la mayoría de los clientes proceden de los barrios de mayor poder adquisitivo y porque el miembros de su familia reciben remesas del exterior, es decir, que sólo ha de preocuparse de su propia manutención. Una semana antes de la redacción de esta crónica, pudo salir de fiesta a un conocido local de baile, fue la primera vez en meses y siempre con medidas de precaución tales como no llevar nada de valor encima. Ni siquiera el celular (teléfono móvil), porque el índice de asaltos en Caracas es el más alto de todo el continente. Su pasaporte caduca el año que viene y es el plazo que se ha puesto para salir del país, a cualquier precio y a cualquier parte, preferiblemente Europa, y aquí buscarse la vida de cualquier manera, como ya han hecho miles de sus compatriotas.

Nos habla también Carlos, de 23 años y estudiante de Comercio Internacional en una universidad ubicada en la costa venezolana. Su manutención depende del ínfimo salario de su madre, maestra jubilada que vive en otra ciudad y que de manera mensual puede proporcionarle no más de tres dólares. Con esa cantidad debe alimentarse y lavarse, es evidente que no es suficiente y por tanto tiene que “resolver”, que es como llaman los venezolanos al hecho de practicar trabajos o trueques en negro. Apenas le queda un semestre para graduarse y sueña con poder irse a Perú, donde ya emigraron otros familiares que pueden recibirlo.  El año pasado, lleno de rabia pero también de esperanza, se jugó la vida y participó del movimiento cívico-estudiantil que paralizó casi la totalidad del país en una ola de protestas que pretendía frenar la ocupación total del poder por parte del chavismo, en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, un parlamento a imagen y semejanza del dictador, donde la oposición política no está presente, y que no es reconocida oficialmente salvo por Corea del Norte, Rusia, Bolivia, Cuba y la imaginaria república de Donetsk.

Aquellas protestas, que terminaron en más de un centenar de muertos, heridos, desaparecidos y muchos más presos, fueron el punto de hartazgo de la ciudadanía para con la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y sus guiños de diálogo al régimen. Ahora, esa fragmentada oposición política no es más que uno de los divertimentos favoritos del dictador Nicolás Maduro.

La MUD tampoco participará en las elecciones locales que se celebrarán pasado este verano, porque ya no reconocen el sistema de votación del Consejo Nacional Electoral, copado por el oficialismo, y en el que se han detectado y probado selectivos fraudes tal y como denuncia el activista por los derechos humanos Gustavo Tovar Arroyo en su documental “Chavismo, la peste del siglo XXI”, presentado en abril y que se puede visualizar en Youtube. El documental aborda la llegada de Hugo Chávez al poder y como se han arrasado y laminado todas las capas de acción democrática del país, usando el dinero del petróleo, hasta llegar a la actual situación de carestía e inseguridad. 

Intentando justificar su actividad pública, decía Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina y hoy senadora, calificada como una de las mayores chorizas de la historia de su país por el periodista Jorge Lanata, que no se pueden comparar entre ellos los procesos de cambio político en las naciones de Iberoamérica. Y tenía razón, aunque por razones bien distintas.

Lo que desde hace años sucede en Venezuela precisa de varias ejemplificaciones simultáneas, porque se trata del saqueo y expolio que vivió la propia Argentina desde Menem a De la Rúa, junto con la ineptitud en la gestión de los recursos públicos en el Chile de Pinochet, mezclado con la corrupción sistémica de las instituciones de la peor época del PRI mexicano, sumado a la cacería y posterior tortura de cualquier disidencia como la que sucedió en el Paraguay de Stroesner o el Brasil de Castelo Branco. Un narcoestado fallido convertido en el mismo infierno.

Carlos, Samuel y Jesús tienen varias cosas en común, pero la más importante es que, debido a su edad, sólo han conocido el chavismo como régimen político, y se niegan a aceptar que han de continuar viviendo con una espada encima del cuello. Desde fuera del país, son cientos las iniciativas que se han puesto en marcha para paliar en la medida de lo posible la inexistencia de recursos de la ya desaparecida clase media venezolana y se han organizado plataformas de todo tipo, sobre todo a través de las redes sociales y promocionadas casi todas ellas por exiliados que anteriormente ejercían como juristas, militares, médicos, empresarios o ingenieros. Desde fuera actúa Markomusik, un conocido humorista, que utiliza su perfil en Instagram para recaudar fondos que se usan en tratamientos médicos para niñas y niños de Venezuela, él mismo advierte que no siempre puede atender todos los casos por el alto número que peticiones que le llegan. Algunos no se han ido, se han quedado y siguen luchando, es el caso de María Corina Machado, una política venezolana y exdiputada en la Asamblea Nacional, que todos los días desafía a la policía política de la dictadura (el SEBIN) paseando a pie o circulando en su propio vehículo. Muchas de estas amenazas las publica en su perfil de twitter, uno de los más visitados de la esfera política venezolana, con más de 4 millones de seguidores.

La preocupación por la situación de crisis humanitaria en la tierra de Simón Bolívar es constante, y estos días se ha extendido a otra de las naciones de la órbita del chavismo, Nicaragua, donde se está mascando la tragedia porque ya se han traspasado todas las líneas rojas por parte del presidente Ortega, alejándose de los parámetros que protegían la convivencia y la democracia. Organismos internacionales, observadores y activistas ya sólo esperan que no alcance esos niveles de desolación que se están viviendo hoy en Venezuela. Los mismos que, algunos en España, todavía justifican cobardemente en la lucha de clases.