El modelo de financiación que manejamos en la mayoría de los estudios de la OCDE, entre los cuales se encuentra España y sus 50 universidades públicas, utiliza la tosca variable de dividir el total del presupuesto asignado a la universidad entre el número total de alumnos que acoge cada año. Una operación tan burda como explicar la rentabilidad de una explotación ganadera (salvando las distancias) dividiendo el pienso comprado entre las cabezas que tiene el propietario de las vacas.
No hay que pedir perdón por el ejemplo, puesto que es éste y no otro el esquema que manejan las Administraciones Públicas desde hace unos años, al dictado de los consabidos recortes que se nos imponen desde fuera. No siempre ha sido así, pero tampoco haré una retrospectiva de la universalización de la educación superior y los campos ganados a la ignorancia. Esa lección está mas que documentada y explicada.
Sí quisiera, en este caso, apuntar que hay un descarado interés ya instalado en los medios de comunicación generalistas por plantear un falso debate: el costo VS rentabilidad de nuestra universidad. Han sido varias las noticias y reportajes dedicados a este ámbito por dos grupos, VOCENTO y PRISA, implicados ambos en diversas iniciativas empresariales para entrar en el mundo de contenidos que se genera desde la universidad. Es decir, con marcados intereses en la desregularización.
Ninguno de los datos mostrados en esos reportajes muestra la diversificación social conseguida por la implantación territorial de la universidad pública, ni tampoco la evaluación generacional, que en términos de progreso global, ha sustituido a una sociedad eminentemente detraída en ciencia e intelecto por una ciudadanía crítica, contestataria y que asume de forma responsable su futuro a medio y largo plazo.
El costo, como en los mejores fondos de inversión, se mide por la renta a años vista, no por el mediocre dato de empleos obtenidos a los pocos meses de sacar la titulación (dónde encontraríamos la paradoja de solo conseguir trabajo si estudias en la privada). Tampoco se mide por los gastos de personal (la madre del cordero), que van cambiando dependiendo de la voluntad política de turno y vimos por ellos que ninguna universidad cerró, es decir, que es variable. El verdadero examen ha de realizarse con la mesura del tiempo y el estudio de cuáles eran los objetivos reales de la institución. La vertebración de la sociedad civil y su empoderamiento son los que, a mi criterio, han de lucharse.
Pero no quiero eludir un aspecto sensible del debate planteado, las tasas que el alumnado paga por las matrículas. El actual gobierno incrementó el techo al que se debía hacer frente por parte del alumnado, dejando fuera del sistema (conscientemente por no implementar al mismo tiempo un sistema de becas equiparable a las rentas) a cerca de cincuenta mil estudiantes en todo el territorio nacional. Mas allá de la concepción ideológica de quién debe estar en las aulas, la barrera de las tasas forma parte de ese falso debate al que antes hacía referencia. Encontramos realidades divergentes, como es las de la laureadas universidades estadounidenses dónde los ya graduados deben a las mismas cerca del billón (con B) de dólares y que éstas saben que no terminarán de cobrar. O el simil de las universidades chinas, ya primeras en los afamados rankings de competitividad, donde ninguna de ellas ha servido en los últimos 25 años para generar espacios de libertad en un país sumido en una de las mas terroríficas dictaduras que el mundo ha conocido. ¿Son pues estas universidades ejemplo de rentabilidad?
En el caso nórdico, las tasas son puramente testimoniales e incluso en el período de estudios, países como Dinamarca asigna un salario a sus alumnos universitarios. ¿Sería este un caso de costo evaluable según los márgenes de la OCDE, la UE o el ranking de Sanghai?. Globalizar un criterio único no viene a ser una tarea titánica, simplemente es imposible, porque la concepción de ciudadanía es diferente en su origen. Yo abogo por la convergencia en un espacio de educación superior que se refleja en iniciativas como la Carta Río 2014, que demanda espacio social y de investigación como inversión de futuro y dónde pienso está la "luz al final del túnel".
Pero centrándome en las tasas de aquí, las de ahora, hemos podido observar después de dos ejercicios tras su implantación que no han servido ni para solventar los problemas de tesorería de la universidad pública, ni para destinar mas fondos a la investigación de mano de la empresa privada, ya que al elevar tasas pierdes alumnos por curso completo y por tanto ingresos efectivos, además del capital humano que hubieran sido los futuros graduados e investigadores. Un informe del Ministerio de Hacienda del año 2006, elaborado a petición de las autoridades europeas para reflejar en EUROSTAT las medias de la UE, ya alertaba a este respecto que el incremento por encima del 25% del precio total de las matrículas a cargo del alumnado, supondría la expulsión de facto de las aulas de un número indeterminado pero importante de personas, alumnos sobre todo, pero a falta de alumnos ¿porque mantener otro número también significativo de profesores?. Ese informe se guardó en un cajón hasta que Montoro y Wert lo desempolvaron.
El resto, como se suele decir, es historia conocida. Podéis hilar fino a partir de ahí y llegaréis a jugosas conclusiones. Pero en mi reflexión final quisiera poner el acento en la idoneidad de que, al menos por motivos económicos (que el dinero es de papel) no perder mas cerebros, no hay mas que ver un informativo en televisión para comprobar que no andamos sobrados.
