Se acomodan los últimos invitados en el coso de Murcia para el espectáculo de la lidia, la grada se llena para impregnarse del arte, para ver de cerca al espada famoso, por curiosidad o turismo, que lo hay.
La feria toca a su fin, poco tiempo para que la banda haga su ultimo redoble y el honorable indulte o sentencie la faena, todo estudiado para que entre por los ojos, para que te seduzca y te integres en un mundo que es el tuyo.
El toreo, tal y como lo conocemos hoy (nada parecido a lo que fue), es un mundo bohemio, y como bohemio es soñador, de placer y de lujuria, de artificio y de liturgia, de fuerza y de pasión. Y como bohemio que es, también comporta lo más oscuro y sucio, lo más decadente y retrógrado: poner en manos de otros una vida que nos es ajena.
Llevo muchos años observando este mundo, que es el mío, acompañado de personas que adoran, simpatizan, toleran o respetan el frenesí del toreo. Incluso he ido a primera línea, al burladero, a ver yo mismo como es y como se desenvuelven las reses, los hombres, el público y el poder.
Mi decepción es tal que lleno de patriotismo, de bandera y de aje, duende, salero, de pasión y de lujuría... digo, que esta no es mi fiesta. Y que no lo será. Y que no es ni de lejos ni española, ni bonita, ni seria, ni verdad.
Ni el traje está hecho para el torero, ni ningún hombre para esas luces. Ni el toro sale valiente ni muere lleno de orgullo. Ni aplaude el público al toro, ni sale el torero henchido de furia al cortar las orejas, sino borracho de fama y de dinero. No es la pasión lo que nos lleva a matar, sino la ira, porque la verdad indiscutible es que muere, engañado por el rojo, aturdido por el ole, desquiciado con una música que no se parece en nada al silbido del prado y el silencio del monte.
Muere, y la gente sonríe, y queda para la siguiente faena. Un relato lleno de lágrimas que no concibo como parte de mi, ni de los míos, ni del mañana.
Como todo lo bohemio, el toreo terminará de existir tal y como lo conocemos aquí, y será otra cosa, como lo fueron los pasos, como lo fueron los curas, como lo fue este país. Y en ese término que rozará el filo de mi vida, contemplaré con gratitud, en el espectáculo del coso, que entre aplausos una vida no se fue.
Va por ustedes
viernes, 18 de septiembre de 2009
lunes, 7 de septiembre de 2009
El falso debate sobre la prostitución
Muy desocupados tienen que estar los medios de comunicación para soltar, a raíz de unas fotos, la gran POLÉMICA del mes, abriendo portadas e informativos a todas horas.
La situación reflejada, mas o menos desagradable o incómoda, no deja de ser el reflejo de la explotación a la que sometemos al tercer mundo y en particular a sus mujeres.
Lo que vimos en las fotos de EL PAIS no era prostitución, era tráfico ilegal de personas, eran mujeres descarnadas y alejadas de sus vidas, raíces, familias y tierra. Lo de las fotos de EL PAIS nunca fue el debate de la prostitución, fue el dedo acusador de la hipocresía machista y de la vieja moralina que trata de esconder sus miserias éticas señalando las miserias económicas y materiales de los demás.
Una deriva interesante fue: "que sean putas pero que no lo veamos", nada de ejercer junto a la Boquería. Es exactamente el mismo discurso que alejó a los negros de la vida pública o más recientemente a las personas gays y lesbianas de cualquier tipo de actividad social... quieren nuestros impuestos, nuestro dinero, pero no nuestros derechos.
La verdad, la "puta" verdad, es que consentimos de todas las formas que la inmigración sea un fenómeno social que se caracteriza porque a los Europeos y a nuestros gobiernos nos importa UN PIJO la vida de los que se juegan el pellejo para llegar aquí a pasarlas "putas".
Y la verdadera "putada" es que tengamos que aguantar a 4 jilipollas que dirigen según que grupos de comunicación, que digan que el problema del recién estrenado septiembre son esas prostitutas africanas (chicas que a saber lo que estarán pasando para llegar a esa situación) y que de paso tengamos que revisar la legislación sobre relaciones sexuales y NO la de obligación y cooperación al desarrollo internacional.
Me enciende especialmente el cuerpo soportar a un subnormal aleccionador que abre el informativo adjudicándose no se qué mérito por fotografíar a dos chiquillas que se ofrecen por 20 lelos... hacer eso, es degradarse como periodista y como persona.
Me molesta sobremanera que traten a los espectadores de borregos... como si en este país no hubiera habido nunca putas, chaperos y demás fauna. La salución a todo esto pasa por, entre otras cuestiones condonar la deuda externa y usar una balanza, en el mercado del comercio justo, algo coherente.
Y sobre todo, sobre todas las cosas ME REVIENTA que salgan 4 viejas fachorras a enseñar la permanente malograda quejándose de que se practique sexo en la calle, en la playa, en casas de citas etc etc... esas, al igual que los directivos de las cadenas de comunicación, lo que necesitan es FOLLAR.
Y esta vez no pienso pedir perdón por el tono, pijo.
La situación reflejada, mas o menos desagradable o incómoda, no deja de ser el reflejo de la explotación a la que sometemos al tercer mundo y en particular a sus mujeres.
Lo que vimos en las fotos de EL PAIS no era prostitución, era tráfico ilegal de personas, eran mujeres descarnadas y alejadas de sus vidas, raíces, familias y tierra. Lo de las fotos de EL PAIS nunca fue el debate de la prostitución, fue el dedo acusador de la hipocresía machista y de la vieja moralina que trata de esconder sus miserias éticas señalando las miserias económicas y materiales de los demás.
Una deriva interesante fue: "que sean putas pero que no lo veamos", nada de ejercer junto a la Boquería. Es exactamente el mismo discurso que alejó a los negros de la vida pública o más recientemente a las personas gays y lesbianas de cualquier tipo de actividad social... quieren nuestros impuestos, nuestro dinero, pero no nuestros derechos.
La verdad, la "puta" verdad, es que consentimos de todas las formas que la inmigración sea un fenómeno social que se caracteriza porque a los Europeos y a nuestros gobiernos nos importa UN PIJO la vida de los que se juegan el pellejo para llegar aquí a pasarlas "putas".
Y la verdadera "putada" es que tengamos que aguantar a 4 jilipollas que dirigen según que grupos de comunicación, que digan que el problema del recién estrenado septiembre son esas prostitutas africanas (chicas que a saber lo que estarán pasando para llegar a esa situación) y que de paso tengamos que revisar la legislación sobre relaciones sexuales y NO la de obligación y cooperación al desarrollo internacional.
Me enciende especialmente el cuerpo soportar a un subnormal aleccionador que abre el informativo adjudicándose no se qué mérito por fotografíar a dos chiquillas que se ofrecen por 20 lelos... hacer eso, es degradarse como periodista y como persona.
Me molesta sobremanera que traten a los espectadores de borregos... como si en este país no hubiera habido nunca putas, chaperos y demás fauna. La salución a todo esto pasa por, entre otras cuestiones condonar la deuda externa y usar una balanza, en el mercado del comercio justo, algo coherente.
Y sobre todo, sobre todas las cosas ME REVIENTA que salgan 4 viejas fachorras a enseñar la permanente malograda quejándose de que se practique sexo en la calle, en la playa, en casas de citas etc etc... esas, al igual que los directivos de las cadenas de comunicación, lo que necesitan es FOLLAR.
Y esta vez no pienso pedir perdón por el tono, pijo.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Dice Lola
La imagen de la Región de Murcia que ofrecen diferentes informes sobre la exclusión social es desoladora (FOESSA, Caixa de Cataluña, Universidad de Murcia...), sobre todo teniendo en cuenta que dichos estudios se han realizado en un ámbito temporal previo a la crisis económica mundial. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE en noviembre de 2008, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa a 5,7 puntos de la media nacional, es decir, que el 25,4 % de la población murciana está por debajo del umbral de la pobreza.
Es importante aclarar que cuando hablamos de exclusión social no sólo hablamos de pobreza. La exclusión social tiene un carácter multidimensional -laboral, económico, cultural y social- e implica procesos grupales, implica la privación de oportunidades en los ámbitos laboral y económico, en el acceso a bienes básicos, en la participación en las redes sociales y soportes institucionales. La pobreza es un estado personal de carácter individual medido en la carencia de recursos, con una dimensión exclusivamente económica. En las situaciones de alto riesgo de exclusión social, aparece la marginación social, especialmente visible entre la población transeúnte y personas sin techo, los invisibles.
La Ley de Renta Básica de Inserción de nuestra Comunidad Autónoma fue aprobada el 16 de marzo de 2007, y pretendía impulsar mecanismos de solidaridad para facilitar la inclusión social, no sólo desde un punto de vista económico a través de la prestación, sino también con medidas de apoyo social que eviten la exclusión y favorezcan la inserción.
El desarrollo reglamentario de la Ley es un requisito para su plena efectividad. Pero el Gobierno de Valcárcel ha retrasado la elaboración de un Reglamento, lo que impide que los murcianos y murcianas puedan acceder a unas prestaciones encaminadas a conseguir su inclusión social.
Es importante señalar que la Ley de Renta Básica nace para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de diciembre de 2002 y del segundo Pacto por la Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de 2006. Por ello, si tuviéramos que puntuar la gestión de la Consejería de Política Social en esta materia, le daríamos un muy deficiente, la misma calificación que ya ha obtenido en la gestión de la Dependencia.
Todos los grupos políticos de la Asamblea Regional aprobamos una moción donde se instaba al Gobierno de Valcárcel a la elaboración de un Plan de Inclusión Social, plan de obligatoria redacción porque está contemplado en la Ley de Renta Básica. La Consejería de Política Social, lejos de intensificar sus acciones en la lucha por la inclusión social, siguiendo las estrategias comunitarias de inclusión activa, diagnosticando la situación de exclusión social en la Región de Murcia, con la máxima participación de actores tanto en la fase de diagnosis como en la de elaboración y posterior implementación.
Lo que ha hecho el Gobierno Regional es contratar a una empresa para que elabore el Plan de Inclusión Social (no nos consta que haya concursado en concurrencia competitiva), sin diagnóstico previo de la situación en nuestra Comunidad Autónoma, en el que deberían participar los agentes implicados y conocedores de la exclusión social en la Región de Murcia; la empresa, elabora un borrador según el encargo realizado; y el Gobierno Regional, con urgencia, después de un retraso de más de dos años, llama a los agentes sociales y a algunas organizaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión social para que den el visto bueno y así poder aprobarlo después del verano, diciendo que ha sido un Plan con una amplia participación. Esto no es serio ni admisible en términos de buena gestión y de buenas prácticas democráticas.
Esto no es participación. La participación comienza en el diseño del Plan y sus fases, pues la falta de implicación de todos los agentes en el diagnóstico y la elaboración de algo tan importante como es el Plan de Inclusión de la Región de Murcia hará que se convierta en papel mojado, que no tenga la efectividad y la eficacia que debe tener en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Sin una foto real de la exclusión en la Región de Murcia nunca podremos luchar bien contra ella y adoptar medidas inclusivas que nos lleven a una mayor cohesión social.
Y es que la atención que la Consejería de Política Social presta a los colectivos que integran las bolsas de exclusión y las causas que lo originan es insuficiente, porque incumple continuamente las propias normas que elabora, no tiene ninguna intención de crear ámbito de discusión, análisis y cooperación, que son el abc en las materias objeto de la Consejería.
Al final siempre pagan los mismos: las personas que no están incorporadas al desarrollo social por causas de diversa índole como son la falta de adaptación a las exigencias del mercado de trabajo, la insuficiente formación, los problemas de salud, los problemas familiares y personales de diferente tipología, formas de discriminación social, etcétera; en definitiva, las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Lola Hernández es diputada regional del PSRM-PSOE.
Es importante aclarar que cuando hablamos de exclusión social no sólo hablamos de pobreza. La exclusión social tiene un carácter multidimensional -laboral, económico, cultural y social- e implica procesos grupales, implica la privación de oportunidades en los ámbitos laboral y económico, en el acceso a bienes básicos, en la participación en las redes sociales y soportes institucionales. La pobreza es un estado personal de carácter individual medido en la carencia de recursos, con una dimensión exclusivamente económica. En las situaciones de alto riesgo de exclusión social, aparece la marginación social, especialmente visible entre la población transeúnte y personas sin techo, los invisibles.
La Ley de Renta Básica de Inserción de nuestra Comunidad Autónoma fue aprobada el 16 de marzo de 2007, y pretendía impulsar mecanismos de solidaridad para facilitar la inclusión social, no sólo desde un punto de vista económico a través de la prestación, sino también con medidas de apoyo social que eviten la exclusión y favorezcan la inserción.
El desarrollo reglamentario de la Ley es un requisito para su plena efectividad. Pero el Gobierno de Valcárcel ha retrasado la elaboración de un Reglamento, lo que impide que los murcianos y murcianas puedan acceder a unas prestaciones encaminadas a conseguir su inclusión social.
Es importante señalar que la Ley de Renta Básica nace para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de diciembre de 2002 y del segundo Pacto por la Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de 2006. Por ello, si tuviéramos que puntuar la gestión de la Consejería de Política Social en esta materia, le daríamos un muy deficiente, la misma calificación que ya ha obtenido en la gestión de la Dependencia.
Todos los grupos políticos de la Asamblea Regional aprobamos una moción donde se instaba al Gobierno de Valcárcel a la elaboración de un Plan de Inclusión Social, plan de obligatoria redacción porque está contemplado en la Ley de Renta Básica. La Consejería de Política Social, lejos de intensificar sus acciones en la lucha por la inclusión social, siguiendo las estrategias comunitarias de inclusión activa, diagnosticando la situación de exclusión social en la Región de Murcia, con la máxima participación de actores tanto en la fase de diagnosis como en la de elaboración y posterior implementación.
Lo que ha hecho el Gobierno Regional es contratar a una empresa para que elabore el Plan de Inclusión Social (no nos consta que haya concursado en concurrencia competitiva), sin diagnóstico previo de la situación en nuestra Comunidad Autónoma, en el que deberían participar los agentes implicados y conocedores de la exclusión social en la Región de Murcia; la empresa, elabora un borrador según el encargo realizado; y el Gobierno Regional, con urgencia, después de un retraso de más de dos años, llama a los agentes sociales y a algunas organizaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión social para que den el visto bueno y así poder aprobarlo después del verano, diciendo que ha sido un Plan con una amplia participación. Esto no es serio ni admisible en términos de buena gestión y de buenas prácticas democráticas.
Esto no es participación. La participación comienza en el diseño del Plan y sus fases, pues la falta de implicación de todos los agentes en el diagnóstico y la elaboración de algo tan importante como es el Plan de Inclusión de la Región de Murcia hará que se convierta en papel mojado, que no tenga la efectividad y la eficacia que debe tener en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Sin una foto real de la exclusión en la Región de Murcia nunca podremos luchar bien contra ella y adoptar medidas inclusivas que nos lleven a una mayor cohesión social.
Y es que la atención que la Consejería de Política Social presta a los colectivos que integran las bolsas de exclusión y las causas que lo originan es insuficiente, porque incumple continuamente las propias normas que elabora, no tiene ninguna intención de crear ámbito de discusión, análisis y cooperación, que son el abc en las materias objeto de la Consejería.
Al final siempre pagan los mismos: las personas que no están incorporadas al desarrollo social por causas de diversa índole como son la falta de adaptación a las exigencias del mercado de trabajo, la insuficiente formación, los problemas de salud, los problemas familiares y personales de diferente tipología, formas de discriminación social, etcétera; en definitiva, las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Lola Hernández es diputada regional del PSRM-PSOE.
Hacienda somos todos... todos
Dice Francisco:
El Gobierno acaba de anunciar su intención de incrementar la tributación de las rentas de capital en el IRPF. Actualmente, los rendimientos de capital, intereses, dividendos… tributan al 18%, frente a la tributación de las demás rentas, fundamentalmente rendimientos del trabajo, que tributan a un escala progresiva del 24 al 43%. Con independencia del efecto recaudatorio, imposible de calcular, pues no se sabe cuánto subirá esta tributación, a algunos les ha parecido un avance en la justicia fiscal. Otros, en cambio, han considerado que supone un agravamiento de la brecha entre el ciudadano de a pie, que paga un 18% por sus rendimientos de capital, y las grandes fortunas que tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.
Para tener una opinión fundada sobre este tema es imprescindible conocer qué es teóricamente una SICAV, para qué se utiliza en la práctica y qué importancia económica tiene. Una SICAV, sociedad de inversión de capital variable, es –o mejor dicho, debería ser– una Institución de Inversión Colectiva, cuya finalidad es la inversión en los mercados financieros. Tiene requisitos mínimos de capital y, sobre todo, debe contar con 100 inversores como mínimo (por eso debería ser colectiva). Por esa razón, goza del régimen de instituciones de inversión colectiva: tributación al 1% y después al 18% sobre los dividendos o ganancias de capital cuando el inversor retira el dinero. Este es el mismo régimen fiscal que cualquier fondo de inversión, y muy similar a invertir de forma individual en bolsa, por ejemplo. El fundamento de que cualquier institución de inversión colectiva tribute al 1% es que es un vehículo neutro de inversión, en el que el inversor pierde el control de su dinero hasta que desinvierte o recibe un dividendo y, en ese momento, tributa como si hubiese vendido los productos financieros que adquirió a través del fondo. Sin embargo, si un solo inversor tiene el control total del fondo, este ya no es una institución de inversión colectiva, y el inversor nunca pierde el control sobre su dinero. Hasta aquí la teoría. En la práctica, las SICAV se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. En este momento hay cerca de 3.369 SICAV, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones de euros (casi 4,5 billones de pesetas).
La pregunta que inmediatamente le surgirá al lector es cómo se transforma una institución de inversión colectiva en gestión individual de carteras. La respuesta es sencilla: introduciendo 100 inversores, que realmente no invierten; teniendo el control absoluto una sola persona o, como mucho, un grupo familiar. En el argot financiero, a estos inversores ficticios se les conoce como mariachis. Se les llama así, parafraseando la ranchera: “Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley…”. Ante esta situación generalizada, la Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de estas entidades. En la casi totalidad de los casos, la Inspección consideró que la mayor parte de los inversores eran ficticios, y levantó acta, exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente.
El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda, trasladándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central fijó doctrina, considerando esa modificación retroactiva y anulando, en consecuencia, todas las Inspecciones. Desde ese momento, la CNMV nunca ha considerado que una SICAV no cumpla los requisitos. En nuestra opinión, y con la perspectiva que da el paso del tiempo, lo más grave no es la tributación al 1%, sino los medios por los que se consigue. No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios, lo que en otros ámbitos se denomina testaferros. En segundo lugar, no se puede compartir que el único beneficio fiscal que no fiscalice la Inspección sea precisamente el tipo del 1% de las SICAV. Ante esta situación, la revisión del sistema de tributación de las SICAV debería formar parte de lo que la vicepresidenta ha denominado “revisión global del sistema tributario”. En este tema hay que conjugar dos intereses. En primer lugar, no se puede volver a dar eficacia retroactiva a una modificación, ya que podría tener un efecto negativo en la localización de los capitales inversores en España. En segundo lugar, es necesario dar un mínimo de legitimidad al sistema, estableciendo una tributación que, aunque sea beneficiosa, no sea puramente simbólica y, en consecuencia, absolutamente
escandalosa.
En este tema hay que tener presente que, aunque el gran capital sea volátil, la localización de SICAV en España no garantiza que inviertan sus recursos en España. Las SICAV invierten en diversos mercados, ya que hay libertad de circulación de capitales. Si lo que conocen las grandes fortunas es el mercado español, seguirán invirtiendo aquí, aunque sea desde otras plataformas. Además, deslocalizar no es fácil no es barato y, en cualquier caso, no está exento de riesgos. Además, aunque alguna se deslocalice, no se perderá una gran recaudación.
En conclusión, dar un tratamiento fiscal más razonable a las SICAV no permitirá obtener una recaudación ingente que pueda solucionar la situación fiscal, pero sí permitirá que exista una mayor conciencia tributaria de los ciudadanos, lo que es imprescindible para luchar contra un elemento que parece estar detrás de la gran caída recaudatoria: el fraude fiscal.
----------
Francisco de la Torre Díaz es Portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
El Gobierno acaba de anunciar su intención de incrementar la tributación de las rentas de capital en el IRPF. Actualmente, los rendimientos de capital, intereses, dividendos… tributan al 18%, frente a la tributación de las demás rentas, fundamentalmente rendimientos del trabajo, que tributan a un escala progresiva del 24 al 43%. Con independencia del efecto recaudatorio, imposible de calcular, pues no se sabe cuánto subirá esta tributación, a algunos les ha parecido un avance en la justicia fiscal. Otros, en cambio, han considerado que supone un agravamiento de la brecha entre el ciudadano de a pie, que paga un 18% por sus rendimientos de capital, y las grandes fortunas que tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.
Para tener una opinión fundada sobre este tema es imprescindible conocer qué es teóricamente una SICAV, para qué se utiliza en la práctica y qué importancia económica tiene. Una SICAV, sociedad de inversión de capital variable, es –o mejor dicho, debería ser– una Institución de Inversión Colectiva, cuya finalidad es la inversión en los mercados financieros. Tiene requisitos mínimos de capital y, sobre todo, debe contar con 100 inversores como mínimo (por eso debería ser colectiva). Por esa razón, goza del régimen de instituciones de inversión colectiva: tributación al 1% y después al 18% sobre los dividendos o ganancias de capital cuando el inversor retira el dinero. Este es el mismo régimen fiscal que cualquier fondo de inversión, y muy similar a invertir de forma individual en bolsa, por ejemplo. El fundamento de que cualquier institución de inversión colectiva tribute al 1% es que es un vehículo neutro de inversión, en el que el inversor pierde el control de su dinero hasta que desinvierte o recibe un dividendo y, en ese momento, tributa como si hubiese vendido los productos financieros que adquirió a través del fondo. Sin embargo, si un solo inversor tiene el control total del fondo, este ya no es una institución de inversión colectiva, y el inversor nunca pierde el control sobre su dinero. Hasta aquí la teoría. En la práctica, las SICAV se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. En este momento hay cerca de 3.369 SICAV, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones de euros (casi 4,5 billones de pesetas).
La pregunta que inmediatamente le surgirá al lector es cómo se transforma una institución de inversión colectiva en gestión individual de carteras. La respuesta es sencilla: introduciendo 100 inversores, que realmente no invierten; teniendo el control absoluto una sola persona o, como mucho, un grupo familiar. En el argot financiero, a estos inversores ficticios se les conoce como mariachis. Se les llama así, parafraseando la ranchera: “Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley…”. Ante esta situación generalizada, la Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de estas entidades. En la casi totalidad de los casos, la Inspección consideró que la mayor parte de los inversores eran ficticios, y levantó acta, exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente.
El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda, trasladándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central fijó doctrina, considerando esa modificación retroactiva y anulando, en consecuencia, todas las Inspecciones. Desde ese momento, la CNMV nunca ha considerado que una SICAV no cumpla los requisitos. En nuestra opinión, y con la perspectiva que da el paso del tiempo, lo más grave no es la tributación al 1%, sino los medios por los que se consigue. No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios, lo que en otros ámbitos se denomina testaferros. En segundo lugar, no se puede compartir que el único beneficio fiscal que no fiscalice la Inspección sea precisamente el tipo del 1% de las SICAV. Ante esta situación, la revisión del sistema de tributación de las SICAV debería formar parte de lo que la vicepresidenta ha denominado “revisión global del sistema tributario”. En este tema hay que conjugar dos intereses. En primer lugar, no se puede volver a dar eficacia retroactiva a una modificación, ya que podría tener un efecto negativo en la localización de los capitales inversores en España. En segundo lugar, es necesario dar un mínimo de legitimidad al sistema, estableciendo una tributación que, aunque sea beneficiosa, no sea puramente simbólica y, en consecuencia, absolutamente
escandalosa.
En este tema hay que tener presente que, aunque el gran capital sea volátil, la localización de SICAV en España no garantiza que inviertan sus recursos en España. Las SICAV invierten en diversos mercados, ya que hay libertad de circulación de capitales. Si lo que conocen las grandes fortunas es el mercado español, seguirán invirtiendo aquí, aunque sea desde otras plataformas. Además, deslocalizar no es fácil no es barato y, en cualquier caso, no está exento de riesgos. Además, aunque alguna se deslocalice, no se perderá una gran recaudación.
En conclusión, dar un tratamiento fiscal más razonable a las SICAV no permitirá obtener una recaudación ingente que pueda solucionar la situación fiscal, pero sí permitirá que exista una mayor conciencia tributaria de los ciudadanos, lo que es imprescindible para luchar contra un elemento que parece estar detrás de la gran caída recaudatoria: el fraude fiscal.
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Francisco de la Torre Díaz es Portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
miércoles, 2 de septiembre de 2009
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