La imagen de la Región de Murcia que ofrecen diferentes informes sobre la exclusión social es desoladora (FOESSA, Caixa de Cataluña, Universidad de Murcia...), sobre todo teniendo en cuenta que dichos estudios se han realizado en un ámbito temporal previo a la crisis económica mundial. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE en noviembre de 2008, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa a 5,7 puntos de la media nacional, es decir, que el 25,4 % de la población murciana está por debajo del umbral de la pobreza.
Es importante aclarar que cuando hablamos de exclusión social no sólo hablamos de pobreza. La exclusión social tiene un carácter multidimensional -laboral, económico, cultural y social- e implica procesos grupales, implica la privación de oportunidades en los ámbitos laboral y económico, en el acceso a bienes básicos, en la participación en las redes sociales y soportes institucionales. La pobreza es un estado personal de carácter individual medido en la carencia de recursos, con una dimensión exclusivamente económica. En las situaciones de alto riesgo de exclusión social, aparece la marginación social, especialmente visible entre la población transeúnte y personas sin techo, los invisibles.
La Ley de Renta Básica de Inserción de nuestra Comunidad Autónoma fue aprobada el 16 de marzo de 2007, y pretendía impulsar mecanismos de solidaridad para facilitar la inclusión social, no sólo desde un punto de vista económico a través de la prestación, sino también con medidas de apoyo social que eviten la exclusión y favorezcan la inserción.
El desarrollo reglamentario de la Ley es un requisito para su plena efectividad. Pero el Gobierno de Valcárcel ha retrasado la elaboración de un Reglamento, lo que impide que los murcianos y murcianas puedan acceder a unas prestaciones encaminadas a conseguir su inclusión social.
Es importante señalar que la Ley de Renta Básica nace para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de diciembre de 2002 y del segundo Pacto por la Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de 2006. Por ello, si tuviéramos que puntuar la gestión de la Consejería de Política Social en esta materia, le daríamos un muy deficiente, la misma calificación que ya ha obtenido en la gestión de la Dependencia.
Todos los grupos políticos de la Asamblea Regional aprobamos una moción donde se instaba al Gobierno de Valcárcel a la elaboración de un Plan de Inclusión Social, plan de obligatoria redacción porque está contemplado en la Ley de Renta Básica. La Consejería de Política Social, lejos de intensificar sus acciones en la lucha por la inclusión social, siguiendo las estrategias comunitarias de inclusión activa, diagnosticando la situación de exclusión social en la Región de Murcia, con la máxima participación de actores tanto en la fase de diagnosis como en la de elaboración y posterior implementación.
Lo que ha hecho el Gobierno Regional es contratar a una empresa para que elabore el Plan de Inclusión Social (no nos consta que haya concursado en concurrencia competitiva), sin diagnóstico previo de la situación en nuestra Comunidad Autónoma, en el que deberían participar los agentes implicados y conocedores de la exclusión social en la Región de Murcia; la empresa, elabora un borrador según el encargo realizado; y el Gobierno Regional, con urgencia, después de un retraso de más de dos años, llama a los agentes sociales y a algunas organizaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión social para que den el visto bueno y así poder aprobarlo después del verano, diciendo que ha sido un Plan con una amplia participación. Esto no es serio ni admisible en términos de buena gestión y de buenas prácticas democráticas.
Esto no es participación. La participación comienza en el diseño del Plan y sus fases, pues la falta de implicación de todos los agentes en el diagnóstico y la elaboración de algo tan importante como es el Plan de Inclusión de la Región de Murcia hará que se convierta en papel mojado, que no tenga la efectividad y la eficacia que debe tener en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Sin una foto real de la exclusión en la Región de Murcia nunca podremos luchar bien contra ella y adoptar medidas inclusivas que nos lleven a una mayor cohesión social.
Y es que la atención que la Consejería de Política Social presta a los colectivos que integran las bolsas de exclusión y las causas que lo originan es insuficiente, porque incumple continuamente las propias normas que elabora, no tiene ninguna intención de crear ámbito de discusión, análisis y cooperación, que son el abc en las materias objeto de la Consejería.
Al final siempre pagan los mismos: las personas que no están incorporadas al desarrollo social por causas de diversa índole como son la falta de adaptación a las exigencias del mercado de trabajo, la insuficiente formación, los problemas de salud, los problemas familiares y personales de diferente tipología, formas de discriminación social, etcétera; en definitiva, las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Lola Hernández es diputada regional del PSRM-PSOE.
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