La solución está clara, eliminar la representatividad del Consejo de la Juventud mediante una fórmula legislativa.
A partir del momento de aprobación de la ley el Consejo ya no será más una ENTIDAD PUBLICA (lo que obliga al Gobierno a su sustento económico y a su respeto en el ámbito político) sino que pasará a ser una CORPORACIÓN PÚBLICA SECTORIAL DE BASE PRIVADA (lo que elimina la obligatoriedad anterior y deja en manos de la voluntad política el futuro del consejo).
El día de marras, en la Asamblea Regional hay una manifestación respaldada por todo el panorama asociativo en contra de la aprobación de la ley. A excepción de los cachorros del PP, claro está.
Defiende la propuesta Verónica López, destacada conservadora y actual Directora del Instituto de la Juventud, sus palabras fueron: "Esta ley es fruto del esfuerzo de Nuevas Generaciones del Partido Popular".
Ni se le cayó la cara de vergüenza ni nada parecido. El texto, que no había sido consultado, fue fruto de dos cuestiones básicas: 1º la eliminación de la representación juvenil que ahora se traslada a un cónclave de concejales de cada municipio y 2º la propia estructura del Instituto de la Juventud.
Se eliminó de la ronda de consultas y de las enmiendas al texto cualquier referencia a la pluralidad o posibilidad alguna de debate democrático.
La diputada socialista MªCarmen Moreno lo dijo bien claro en una sesión parlamentaria anterior: "Como no pudieron ganar las elecciones en el consejo ahora no dudan en cargárselo". Todo está en el diario de sesiones, si alguien quiere releer las intenciones populares. La ley se aprueba sin mayores problemas. El PP tiene mayoría absoluta.
La sentencia la firma el Presidente Valcárcel el 4 de Abril de 2007 y la ley no es recurrida. Es la lapidación pública del Consejo de la Juventud.
El hecho es celebrado como victoria histórica por los populares más jóvenes, no volverán a una Asamblea del Consejo, ya no lo necesitan, ahora las políticas públicas saldrán exclusivamente desde los despachos.
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